APLAZADA RADICACIÓN DE PONENCIA DE LEY DE VÍCTIMAS
Se dejó para este martes mañana a las 4 de la tarde, según anunciaron los ponentes.
El proyecto sobre víctimas, declarado públicamente como una prioridad del presidente Juan Manuel Santos, tiene aún resistencias en sectores de 'la U' y el uribismo.
'La U', no solo tiene observaciones sobre este proyecto, sino que tampoco ha firmado la ponencia del proyecto de ordenamiento territorial y ha hecho fuertes críticas al Plan de Desarrollo, en lo que tiene que ver con las partidas para Familias en Acción.
La excusa de 'la U' para no firmar la ponencia de víctimas, es que el contenido de esta debe ser discutido, primero, con la bancada en el Senado, donde cumplirá sus últimos dos debates.
Los demás partidos de la coalición de Gobierno esperan que, finalmente, entre esta tarde y mañana, 'la U', resuelva este asunto internamente.
EL TIEMPO.COM pudo establecer que el Gobierno extendió un apoyo tácito a los demás partidos de la coalición, para que radiquen la ponencia cuanto antes.
La presentación de la ponencia, probablemente esta tarde, se ha convertido en un elemento de presión definitivo, para no permitir mayor dilación en el proceso, pues las extras terminan dentro de dos semanas y el Gobierno no permitirá que se ponga en riesgo su estudio.
POR NO DARLE PROTECCIÓN, ESTADO DEBERÁ INDEMNIZAR A UN REFUGIADO
Atentado obligó al abogado Luis Asdrúbal Jiménez a salir del país pese a que había pedido ayuda.
A pesar de las advertencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) al Gobierno por el riesgo en el que se encontraba el abogado Luis Asdrúbal Jiménez y otros sindicalistas bananeros, un atentado lo obligó a salir del país.
Su caso terminó en el Consejo de Estado, que 23 años después condenó al Ministerio de Defensa, la Policía y al Ejército darle al abogado 600 millones de pesos.
El alto tribunal dejó en claro la responsabilidad de los servidores del Estado si desatienden las alertas sobre el riesgo de personas. Este fallo abre la puerta para que otras víctimas en situación similar reclamen una reparación.
"No hay dudas de que las entidades demandadas fallaron en su deber de protección y seguridad, toda vez que conocían el peligro al que estaba sometido el demandante, debido a la actividad que ejercía", señaló el fallo.
Jiménez, asesor de los sindicatos de Trabajadores Agropecuarios y del Banano, sufrió el atentado el 4 de abril de 1988 en Medellín, pero ante la persistencia de las amenazas tuvo que ser remitido a Bogotá y luego a Londres (Inglaterra), como refugiado político. La demanda la había negado en febrero de 1990 el Tribunal Administrativo de Antioquia.
'NO TENGO UNA SOCIDAD COMERCIAL CON ABOGADO DE LOS NULE': EX FISCAL
Guillermo Mendoza Diago respondió críticas recibidas por su cercanía con Carlos Isaac Nader.
Mendoza Diago, ex fiscal general y ahora candidato a magistrado de la Sala Administrativa del Consejo de la Judicatura, le respondió a EL TIEMPO las críticas que viene recibiendo por su cercanía con Carlos Isaac Nader, ex magistrado de la Corte Suprema y ahora asesor de los Nule.
¿Es cierto que usted salió de la Fiscalía directo a la oficina de Carlos Isaac Nader?
Compartimos oficina, un espacio, pero no tenemos una sociedad comercial. Estoy de paso, tengo un nombramiento diplomático pendiente.
¿En Internet dice socios y él es abogado de los Nule, caso en el que usted evaluó un principio de oportunidad y fue a Miami? ¿No es al menos antiético?
Está mal puesto en Internet y él no es abogado de los Nule en ese proceso: son amigos, les lleva casos de obligaciones civiles y laborales. Y el viaje no fue a expensas suyas sino porque los Nule hablaron del ex ministro Andrés Uriel Gallego. Prometieron evidencia y los resultados se están viendo. Viajaron Procuraduría y Corte y el principio de oportunidad lo aprueba un juez, no yo. No hay nada antiético.
David Isaac, hijo de Carlos Isaac, fue su asesor...
Sí, me acompañó desde que quedé encargado. Pero no es un aparecido: venía del Ministerio del Interior.
¿A qué atribuye el ruido en torno de usted y de Carlos Isaac Nader, mencionado en WikiLeaks como un obstáculo para la 'parapolítica'? ¿A su aspiración a la Judicatura?
Puede ser, habrá quien tenga interés en que no llegue. Pero lo atribuyo a que estos señores Nule empezaron a hacer declaraciones incriminatorias de mucha gravedad. Es como si fuera un mensaje como buscando a una persona para que no sigan hablando. Es extraño que le saquen al doctor Isaac lo de WikiLeaks, hechos reciclados, magnificados que ni siquiera se materializaron en una investigación.
¿Usted intervino en el proceso por la reunión de Miguel Nule Amín y Jaime Isaac Nader con ex 'paras' (1997), que terminó en preclusión?
No recuerdo. En ese momento hubo muchos procesos de Sucre, que terminaron en acusaciones o preclusiones. Yo acusé a muchos por la reunión de Ralito y hay casos pendientes.
NUEVO MINISTERIO DE JUSTICIA PODRÍA IMPARTIR JUSTICIA
Esto se haría en los aspectos que la Constitución atribuye al Ejecutivo.
La idea es que esa oferta de justicia que está disgregada en Ejecutivo se concentre en un solo organismo. A manera de ejemplo el Ministro Germán Vargas Lleras se refirió a casos puntuales como las decisiones que toman la Superintendencia o la defensa de los consumidores.
PETRO PIDE A FISCALÍA INVESTIGAR SI PARAS COMPRARON ELECCIÓN DE FISCAL
Mario Iguarán dice que es una "aberración" y que no ve a los magistrados recibiendo dineros
El ex candidato presidencial Gustavo Petro le pidió a la Fiscalía General de la Nación que investigue si la versión de WikiLeaks, según la cual, los paras habrían reunido para contribuir en la elección de Mario Iguarán como Fiscal General es cierta.
Petro dijo que hay un testigo vivo que debe ser citado para corroborar esa información y determinar si en efecto hubo esa recolección de dineros.
"La Fiscalía debe comenzar a investigar al señor 'Macaco' y preguntarle dónde está ese dinero", dijo Petro a Noticias Reloj esta mañana.
Petro recordó que Iguarán fue el principal promotor de la Ley de Justicia y Paz cuando se desempeñó como Viceministro de Justicia. "Él era defensor de un proyecto que beneficiaba a los paramilitares", dijo el ex candidato.
El ex senador también pidió la colaboración de la CIA, la DEA y el FBI para aclarar este episodio.
A su turno, el ex fiscal Iguarán, quien ahora ocupa el cargo de embajador de Colombia en Egipto, desmintió la versión de que su elección haya estado manchada por el financiamiento de algún grupo paramilitar.
"No veo a los magistrados de la Corte recibiendo dineros de los paramilitares", dijo Iguarán en entrevista con Caracol Radio.
Iguarán recordó que la versión de la supuesta intervención de los paras en su elección fue un rumor que se creó en abril del 2008, como una respuesta a las decisiones que él adoptó en la Fiscalía General de la Nación contra los parapolíticos.
La versión de WikiLeaks, revelada por El Espectador, indica que Carlos Mario Jiménez, alias 'Macaco', hizo una colecta de unos 5 mil millones de pesos para financiar la elección de Iguarán, como nuevo Fiscal General.
Iguarán fue elegido el 19 de julio del 2005 por la Corte Suprema de Justicia, en su sala plena, después de que su nombre fue ternado por el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.
"Es un rumor de quienes no compartieron las decisiones que tuve que adoptar", dijo Iguarán, quien hizo una defensa de su gestión y de las acciones que ordenó para reprimir la parapolítica, es decir, las alianzas de los paramilitares con sectores de la clase política del país.
Descartó, como lo han dicho algunos analistas, que los procesos de parapolítica no tuvieron la misma celeridad en la Fiscalía General de la Nación, como sí pudo haber ocurrido con la Corte Suprema de Justicia.
EL ESPECTADOR
ISS, A OFRECER EXCUSAS PÚBLICAS POR MUERTE DE MUJER CON MAL CORONARIO
El Consejo de Estado condenó a la Nación por no practicar exámenes y demás procedimientos médicos oportunamente a la paciente.
El Instituto de Seguros Sociales, ISS, deberá ofrecer excusas públicas a los familiares de Lilia Salazar de Agudelo, una mujer que falleció hace casi diez años, víctima de afecciones coronarias que no fueron detectadas a tiempo por negligencia de parte de la desaparecida entidad de salud estatal.
Así mismo, la Sección Tercera del Máximo Tribunal de la Jurisdicción Contencioso Administrativa ordenó el pago de más de 53 millones de pesos a cada uno de los hijos de la mujer, equivalentes a la suma de 100 salarios mínimos mensuales vigentes, como parte de la reparación material a la que tienen derecho.
Para la colegiatura, los galenos que estuvieron a cargo del caso omitieron varios detalles procedentes en la historia clínica de la paciente, como el hecho de que diez años antes hubiera sufrido un infarto, un factor adicional a la hora determinar la urgencia en la atención para la víctima.
Según la sentencia, con ponencia del magistrado Jaime Orlando Santofimio, el ISS brindó una “atención limitada a las consultas y valoraciones aleatorias, lo que implica de plano la inobservancia y desconocimiento de la realidad médica de la paciente, en sus especiales circunstancias, y la pretermisión del factor temporal sin sustento de razonabilidad alguno”.
De esta manera, la corporación confirmó el fallo que, en segunda instancia, emitió el Tribunal Administrativo de Risaralda de reparar a los hijos de la mujer y emitir un pronunciamiento público en nombre de la Nación, presentándole excusas a ellos mismos y a los padres de la mujer fallecida el 5 de julio de 2001, poco más de 10 meses después de diagnosticársele una isquemia miocárdica, tras meses de insistencia para que se le practicaran los exámenes que eran dl caso.
ES 'DESCABELLADA' COMPRA DE ELECCIÓN DE IGUARÁN: CORTE SUPREMA
“Fue muy transparente la elección”, aseguró su presidente Camilo Tarquino.
Las sospechas de Iguarán
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Camilo Tarquino Gallego, calificó de “descabellados” los señalamientos en contra de los magistrados que, se dice, recibieron 5.000 millones de pesos de manos del paramilitarismo, a cambio de elegir a Mario Iguarán como fiscal General de la Nación.
“Fue muy transparente la elección del doctor Iguarán”, aseguró el magistrado de la Sala Laboral de la Corte, quien desestimó que el exfiscal hubiera interpuesto barreras a los avances de las investigaciones en contra de dirigentes políticos sindicados de mantener vínculos con grupos paramilitares.
Agregó que se trata de simples rumores y que no hay ningún dolo que se le pueda endilgar a los togados frente a este particular.
Tarquino Gallego señaló que no hay pruebas que incriminen a alguno de sus compañeros en esta supuesta componenda criminal y que tampoco ha habido evidencias de las supuestas actuaciones ilegales en las que incurrió el ex integrante de la Sala Penal Carlos Isaac Nader, a quien se señaló como auxiliador de muchos ‘parapolíticos’ de la Costa Norte de Colombia.
Según un cable de Wikileaks filtrado por El Espectador, la misma Embajada de los Estados Unidos hizo referencia al ofrecimiento de Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’ de la multimillonaria suma de dinero, a fin de que la elección Iguarán favoreciera a paramilitares dentro de la plataforma transicional de Justicia y Paz.
El supuesto narcotraficante John Éidelber Cano, alias ‘Jhonny Cano’, un exasesor político de las Autodefensas y un oficial (r) de la Policía habían ratificado este señalamiento, tanto así que el hecho fue denunciado ante la Comsión de Acusación de la Cámara de Representantes, sin que hubiera prosperado una investigación contra los magistrados.
Al parecer, fue ‘Jhonny Cano’ quien tramitó la entrega del dinero, a pesar de no haber logrado su cometido de ser considerado por las autoridades como un integrante más de las Autodefensas y librarse así de la extradición.
‘Los mellizos’, ‘Gordo Lindo’ y ‘El Tuso’ Sierra, entre otros traficantes de narcóticos, buscaban posar de paramilitares, para ser incluidos en los beneficios de Justicia y Paz; aparentemente, el nombre de Iguarán se mostraba como el más conveniente para lograr este obtetivo en el cuatrenio comprendido entre entre 2005 y 2009.
GOBIERNO ANUNCIA QUE NUEVO MINJUSTICIA SERVIRÁ PARA "ADMINISTRAR JUSTICIA"
Sin embargo, el ministro Germán Vargas, aclaró que la idea no es sustituir las funciones de la rama.
Al terminar un encuentro con el presidente Juan Manuel Santos, el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, explicó cómo será la división de los ministerios que él preside.
El alto funcionario primero dijo que la nueva cartera que se creará exclusivamente para la justicia servirá para que desde el Ejecutivo se administre justicia.
Sin embargó, Vargas fue enfático en advertir que nunca se tratará de irrumpir en las competencias de la rama judicial.
"Es un servicio complementario a la rama y no debe entenderse que se asumirán funciones de ésta", recalcó.
Para Vargas el nuevo minjusticia debe asumir el reto de acabar la congestión judicial para liderar soluciones a los nuevos reclamos de los colombianos.
Por eso, explicó que la idea es que exista una oferta para que miles de colombianos -que no están teniendo solución a sus controversias- puedan contar con ese mecanismo de descongestión.
A nivel práctico, señaló que la Constitución autoriza a la rama ejecutiva impartir justicia para poder llegar a los ciudadanos.
¿EXISTE LA PARAJUSTICIA?
Un inquietante artículo periodístico publicado el domingo que pasó en El Espectador ha vuelto a desempolvar un tema del que poco se habla pero del cual hay indicios suficientes como para, cuando menos, activar una investigación seria.
Basada en el reporte que en su momento envió la Embajada de Estados Unidos en Bogotá a Washington y que se ha filtrado en los cables de Wikileaks que ha venido revelando este diario, pero también en los testimonios entregados a la justicia por algunos de los jefes paramilitares y en algunas fuentes que han preferido mantener la reserva, la nota periodística pone en contexto el viejo rumor del posible pago de $5.000 millones por parte del paramilitarismo para promover la elección del anterior Fiscal General de la Nación, detallando quiénes supuestamente hicieron el pago y hasta cómo viajó el dinero de Chivolo a Barranquilla y, de ahí, a Bogotá.
El propio exfiscal Mario Iguarán salió ayer al paso de las revelaciones para insistir en que se trata de un simple rumor y para insinuar que esa información se activa cada vez que hay decisiones incómodas para alguien; en concreto, se refirió a la “llamémosla coincidencia” de que la primera vez que se habló del tema fue cuando se ordenó la captura del exsenador Mario Uribe. A la vez, recordó algunas investigaciones que contra el paramilitarismo siguió la Fiscalía mientras estuvo a su cargo y, en general, desechó como absurda la versión de que pudo haber un pago para garantizar su elección.
Cierto es que un artículo periodístico no cumple propósitos judiciales, no es su pretensión tampoco. Cierto es también que los paramilitares en sus declaraciones pueden acomodar la realidad con la intención de manchar nombres gratuitamente con dobles intenciones. De hecho, quien primero habló del tema y, según las versiones, habría organizado el pago, es Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, precisamente el capo que, como se supo hace algunos días, estaba orquestando con el abogado Ramón Ballesteros un nuevo complot contra el investigador principal de la parapolítica, Iván Velásquez, ofreciendo pagos para ello. Bien puede ser que, como lo ha defendido ayer Iguarán, todo sea apenas un rumor o un complot.
Pero también puede ser que no. Y lo que resulta preocupante, acaso sospechoso, es que ninguno de los indicios que involucran la posible penetración del paramilitarismo y el narcotráfico en la justicia merezca el inicio de una investigación seria. El proceso de la parapolítica está cimentado, básicamente, en las declaraciones de estos mismos paramilitares y muchos de los procesos se echaron a andar por simples rumores. Igual ha venido sucediendo con los nexos de miembros de la Fuerza Pública con los paramilitares y hasta en los vínculos de empresarios en muchas regiones se ha comenzado a esculcar. En cambio, cuando de la justicia se trata, nadie se atreve a halar los hilos.
Se atrevió, sí, el pasado gobierno, pero no tanto en busca de justicia —que por lo demás no es su función—, sino aprovechando algunos indicios para montar una degradante persecución a quienes investigaban la parapolítica, que dejaba mal parados a muchos de sus aliados. Quisiéramos pensar que fue esta persecución, precisamente, la que terminó provocando que las requeridas investigaciones durmieran el sueño de los justos. Pero hoy, cuando esa nociva disputa entre las ramas ha cedido, vale preguntarse, ya que de credibilidad de los rumores se está hablando, qué tan creíble es que la justicia haya estado ajena a la penetración paramilitar cuando hemos presenciado su incursión en tantos y tan importantes escenarios. La parajusticia merece ser investigada, incluso para demostrar, y ojalá, que ese es un fenómeno inexistente. Mientras no se investigue, siempre estará viva la duda.
ADOPCIÓN IGUALITARIA
Por: Rodrigo Uprimny
Contrariamente a lo que muchos piensan, no somos quienes defendemos la adopción por parejas del mismo sexo quienes debemos probar que esa posibilidad es legítima; son quienes se oponen a ella quienes deben explicar por qué es inadmisible.
La razón es que, con la Constitución de 1991 y los tratados de derechos humanos, los colombianos optamos por una sociedad fundada, entre otras cosas, en el pluralismo, la autonomía y la igualdad. Esto supone respetar el derecho a vivir libremente sus preferencias y orientaciones sexuales. Por eso, sólo si existen razones muy poderosas, es válido que la ley trate en forma distinta a una persona por su orientación sexual.
La pregunta pertinente no es entonces si existen motivos para que una pareja gay pueda adoptar, sino la contraria: ¿hay acaso algún argumento contundente para impedir que una pareja gay adopte, ya que las parejas heterosexuales sí pueden hacerlo?
Algunos consideran que el obstáculo es jurídico e invocan ciertos apartes de la Constitución o de algunas leyes. Por espacio, no puedo analizar aquí esas objeciones, que no tienen fundamento, como lo mostramos en detalle en las intervenciones que como Dejusticia hicimos, conjuntamente con Colombia Diversa, ante la Corte Constitucional en estos casos, las cuales están disponibles en nuestras páginas web.
Pero no puedo dejar de resaltar la falta de rigor con la cual algunos columnistas manipulan esos argumentos jurídicos. Por ejemplo, Ernesto Yamhure aduce contra la adopción gay el Código del Menor, que habla de la adopción por parejas formadas por “el hombre y la mujer”. Pero no aclara que fue derogado hace varios años por el Código de la Infancia y la Adolescencia, que en su artículo 68 señala que podrán adoptar “conjuntamente los compañeros permanentes”, sin referirse exclusivamente a parejas heterosexuales.
La otra objeción recurrente es el llamado interés superior del menor: la tesis de que la adopción por una pareja del mismo sexo podría afectar a la niña o el niño adoptado.
Ahora bien, si el problema es que quien es adoptado pueda desarrollar una preferencia homosexual, la objeción es inaceptable, pues supone que dicha opción es indeseable. Pero además es falsa, pues la orientación sexual de una persona depende de muchos factores y no sólo de aquella que tengan sus padres.
La otra variante de la tesis del interés superior del menor es la preocupación por el impacto sicológico negativo que la adopción gay puede tener en niños y niñas, sobre todo debido a la persistencia social de prejuicios homofóbicos. Esta objeción es respetable pero tampoco es admisible, pues la tarea de un Estado democrático es combatir esos prejuicios homofóbicos, y no agudizarlos prohibiendo la adopción gay. Además, olvida que en Colombia muchos niños que hoy se quedan sin familia podrían ser adoptados por parejas gays. Finalmente, la investigación académica concluye mayoritariamente que las personas criadas por parejas del mismo sexo no muestran problemas de desarrollo sicológico. Un ejemplo: un estudio publicado en julio de 2010 en la prestigiosa revista Pediatrics, de la Academia Americana de Pediatría, concluye que los adolescentes de parejas lesbianas no muestran ningún desajuste sicológico.
Queda la objeción mayoritaria, según la cual la Corte Constitucional no podría aceptar la adopción gay, pues la mayoría de los colombianos parece oponerse a ella. Pero ese reparo supone que habría que admitir que se prive de la libertad religiosa a los judíos, debido a que Colombia es mayoritariamente católica. Se olvida que una de las funciones esenciales de los tribunales constitucionales es proteger los derechos de las minorías contra la eventual discriminación de las mayorías. Más que adopción mayoritaria lo que requerimos es una adopción igualitaria.
EL NUEVO SIGLO
NO ES VIABLE ADOPCIÓN EN PAREJAS GAIS: IGLESIA
Según la jerarquía católica, no es discriminatoria esta prohibición porque priman derechos del menor antes que de los adoptantes
EN LA antesala del fallo de la Corte Constitucional sobre una acción de tutela en la que una pareja de lesbianas reclama su derecho a adoptar legalmente la hija de una de ellas, la Conferencia Episcopal Colombiana reiteró el viernes pasado su posición contraria a esa posibilidad. Aquí los apartes más importantes del pronunciamiento:
1. Con profundo respeto, los Obispos queremos señalar, que no consideramos discriminatorio el hecho de que el actual ordenamiento jurídico nacional no contemple la posibilidad de que las parejas del mismo sexo puedan adoptar niños, porque los requisitos para la adopción valen tanto para parejas heterosexuales o del mismo sexo, teniendo en cuenta el bien del adoptando y sus necesidades más que de los adoptantes.
Es importante tener en cuenta que la mayoría de los colombianos se han manifestado contrarios a la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo, según estadísticas publicadas por los medios de comunicación.
2. La adopción consiste en crear entre dos personas una relación jurídica de filiación, es decir, una relación jurídica y socialmente semejante a la que existen entre un hombre y una mujer y sus hijos biológicos. Dicha semejanza pone en evidencia no solo el alcance jurídico y social de la adopción sino también sus propios límites: lo que la naturaleza permite pero también lo que la naturaleza impide, constituyen el marco jurídico de la adopción. En definitiva, no es la Iglesia ni el Estado ni la sociedad quienes niegan a los homosexuales la posibilidad de adoptar, sino la naturaleza misma de las cosas.
3. Según el derecho internacional y nuestro Código del Menor, la adopción es por excelencia una medida de protección (Art. 88). Con la adopción, el Estado social de derecho pretende otorgar patrocinio y resguardo a personas que lo necesitan en razón de su edad y/o de su manifiesto estado de indefensión. De ahí, que el interés del adoptando, del menor, sea la motivación y el fundamento de la adopción como figura jurídica. La adopción solo puede ser acordada en aras de las necesidades y el respeto del adoptando. En caso de conflicto deben ceder las aspiraciones del adoptante o adoptantes, por muy legítimas que sean. Es decir, la adopción no es un derecho de los adoptantes, sean estos homosexuales o heterosexuales, y por eso no se puede hablar de vulneración de un derecho fundamental. Plantear la cuestión como un problema de discriminación supone, incluso de modo inconsciente, hacer pasar por delante del interés del menor, que debe ser respetado, las aspiraciones y deseos de quienes los quieren adoptar.
4. Por otra parte el Episcopado cree oportuno señalar a la opinión pública que, pese a cuanto se afirma comúnmente, numerosos estudios científicos han manifestado ciertas dudas y reservas respecto a la idoneidad de las parejas del mismo sexo para adoptar. La Asociación Española de Pediatría señala que “un núcleo familiar con dos padres o dos madres, o con un padre o madre de sexo distinto al correspondiente a su rol, es, desde el punto de vista pedagógico y pediátrico, claramente perjudicial para el armónico desarrollo de la personalidad y adaptación social del niño”. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) determinó el 26 de febrero de 2002, que negar la adopción a un homosexual no es discriminatorio. La defensa del interés del menor debe primar frente a cualquier otro tipo de reivindicación.
Todo niño desde su nacimiento hasta su adolescencia desarrolla, poco a poco, su rol sexual de identidad de género, a través, de la identificación con las figuras parentales y objetales que llama la psicología, que son el padre y la madre. El niño se identificará con el sexo de su padre, tanto física como psicológica y afectivamente, por medio de una relación afectiva con él y de una relación afectiva con la madre que le ayuda a identificarse con el padre y no con ella, lo que se llama la desimbiotización materna. La niña se identificará con la madre, y el padre le ayudará a identificarse con ella, logrando una desimbiotización de tipo de identidad personal, de seguridad, de autonomía más no de género, por ser ambas mujeres. Procesos mal logrados en este campo traen consecuentes dificultades en la identidad de rol sexual de género, en el niño y la niña, con consecuencias como la homosexualidad, la bisexualidad, la apatía sexual o las dificultades para la relación de pareja.
5. El Episcopado quiere reafirmar la importancia de la familia, célula primordial de la sociedad y sacramento de amor, fundada y vivificada por el amor entre un varón y una mujer, y cuya estabilidad y natural configuración jurídica debe ser respetada y preservada.
6. … “Desde el principio de la creación Dios los constituyó varón y mujer, por eso el hombre abandona a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos ya no serán dos sino una sola carne, por todos los días de su vida”. Este matrimonio tiene dos objetivos: primero el valor unitivo de la pareja entre sí y su extensión a los hijos en unidad familiar, y segundo el valor procreativo, recibiendo los hijos, como regalo de Dios, educándolos para Dios y para el bien de la Iglesia y de la sociedad
PROCURADURÍA ABRE PROCESO VERBAL CONTRA IVÁN MORENO
El dilema para ocupar el cargo del contralor de Bogotá, antes que los tribunales entreguen una terna esta abierto
LOS CARGOS que le imputa el Ministerio Público Nacional son los mismos que condenó al ex contralor de Bogotá, Miguel Ángel Moralesrussi y el ex representante, Germán Olano Becerra.
Ayer, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, citó a audiencia pública al Senador de la República, Néstor Iván Moreno Rojas, hermano del alcalde Mayor de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, el viernes cuatro a partir de las 3:00 de la tarde en la sala de audiencias del piso 4° del edificio central de la entidad.
El Jefe del Ministerio Público formuló cargos por concusión contra Moreno Rojas, debido a que al parecer, aprovechándose de su calidad de Senador y de hermano del mandatario le solicitó en el 2008 a los señores Miguel Nule Velilla y Guido Nule Marino que le entregaran las áreas de uso exclusivo de la concesión Bogotá- Girardot, para colocar estaciones de gasolina.
Además, el dirigente político tendrá que explicar si a través del abogado Álvaro Dávila solicitó a Miguel, Manuel y Guido Nule una comisión del seis por ciento para interceder en la adjudicación de una licitación pública relacionada con las obras y actividades para la malla vial del Distrito Capital. En el auto de citación a la audiencia se califica la falta como gravísima a título de dolo.
Una de las indagatorias será entorno al mantenimiento de la malla vial en el suroriente de Bogotá, pues la firma que remplazó al Grupo Nule no ha cumplido con los cronogramas, pese a que ya se le ha multado en dos ocasiones.
En efecto, el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Néstor Eugenio Ramírez, ante el dilema de la Administración explicó que se trabaja con las aseguradoras para determinar qué va a pasar con el contrato de la Unión Temporal GTM, que completa más de 8 meses de retraso de obras en cuatro localidades del suroriente de Bogotá.
"Este grupo no ha respondido y estamos trabajando para que responda por medio de la aseguradora o se declare la caducidad del contrato", explicó el funcionario.
Es importante aclarar que el contrato asciende a 87 mil millones de pesos y consistía en la recuperación de la malla vial de las localidades de San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y Candelaria.
Dilema
Desde el sábado está el dilema para ocupar el cargo del contralor de Bogotá después que la procuraduría destituyera a Moralesrussi, pues nunca se había registrado un hecho de esta magnitud.
Las normas establecen que el Tribunal de Bogotá deberá escoger dos candidatos y el Tribunal de Cundinamarca uno para presentárselo al Concejo de la ciudad para que escojan el contralor en propiedad que estará hasta el 11 de febrero de 2012.
Ayer, EL NUEVO SIGLO, conoció que vía FAX la Procuraduría notificó a la presidenta del Concejo de Bogotá, María Victoria Vargas Silva, sobre la destitución de Moralesrussi.
Debido a que los tribunales tendrían un mes para recibir hojas de vida y otros treinta días para escoger la terna, en junio el alcalde Moreno Rojas tendría la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias para elegir al reemplazo de Moralesrussi.
Debido a que las sesiones ordinarias del Concejo entran a periodo de receso desde el 10 de marzo, Vargas afirmó que el Alcalde puede convocar a sesiones extraordinarias y se puede escoger nuevo contralor.
“Es muy lamentable para la ciudad lo que ha pasado, porque por primera vez un contralor es destituido. La decisión del Procurador es ejemplar, pero es triste que la cabeza del organismo de control haya sido destituida por un caso como este”, indicó Vargas.
Después de varias consultas, esta semana se conocerá quien será el reemplazo de Contralor destituido mientras los tribunales entregan la terna al Concejo de Bogotá para escoja nuevo titular que defiende los recursos que se pagan con los impuestos.
VÍCTIMAS A LA CORTE
ENTRA el país al debate sustancial de la denominada Ley de Víctimas. Un instituto, ciertamente, que lleva varios años en el aire, ha pasado por diversas toldas partidistas, y ha logrado cierto consenso forzado dentro de la Unidad Nacional.
La ley resulta original en cuanto a que todavía pervive el llamado conflicto interno en Colombia y se emite esta normatividad de posconflicto pendiente de si será reciclaje de más violencia o servirá de redención a quienes han sufrido los estragos en carne propia. Habrá que verlo en la práctica. En todo caso existen elementos de discusión que cojean frente a propósito. Uno de ellos, en las últimas semanas, trata de la fecha en que se iniciarán las indemnizaciones que muchos dijeron, entre ellos miembros del Partido Liberal, que debería ser 1991. Tras divulgar el por qué de esa calenda y no otra, se informó que porque era un homenaje a la emisión de la Constitución. El asunto, obviamente, se cayó por su propio peso al constatar que una de las partes más duras del “conflicto interno” se llevó a cabo en la década de los 80. Al parecer hay concertación en que la fecha comience en 1986, pero aún no se entiende por qué no antes cuando era un hecho la mezcla de narcoterrorismo y los embates contra la institucionalidad.
Lo mismo ocurre con la denominada Ley de Tierras, cuya fecha de resarcimiento arranca de 1991. Como curiosamente la normativa quedó apenas en un capítulo de la Ley de Víctimas, suena paradójico la diferencia. Ese tipo de paradojas, que hoy resultan en incoherencias, no le hacen bien a los debates y la hermenéutica jurídica.
Si el Estado colombiano ha decidido darse la pela, sin que aún se tenga claridad sobre el monto de los recursos, tiene que hacerlo de la manera más concisa y clara posible, sin que haya filtraciones por donde pueda derivarse la caída de las leyes. La definición de víctima, por ejemplo, no es absolutamente clara. Muchos, sino la mayoría de colombianos, pueden catalogarse de tales y las acciones de tutela estarán a la orden del día con sólo aducirse el principio de igualdad. En realidad pareciera que no hay una filosofía única. Lo cierto, en todo caso, es que se pensaba que de las incautaciones al narcotráfico, los paramilitares y las guerrillas, saldría el patrimonio para repartir entre los afectados. Sin embargo, la mas grande empresa del país por activos fijos, que podía ser la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), debería servir a los efectos, lo mismo que las entregas patrimoniales de quienes se han acogido a la Ley de Justicia y Paz. Ninguno de los dos casos, no obstante, parece servir por desorden, desfalcos y la poca voluntad política estatal en el asunto. Hay anuncios, pero las cosas se quedan ahí sin que exista un inventario o la opinión pública esté enterada de cuáles son los activos que existen en el balance de lo incautado a los criminales.
Indispensable, pues, que los debates que comienzan se adelanten con la mayor sindéresis. Tal y como están las cosas, la Ley sólo expresa una voluntad mayoritaria de la coalición gubernamental y las advertencias de algunos coligados no serán de mayor recibo por cuanto impera el régimen de bancadas. Como es así, y en general los debates en el Congreso han perdido interés por las vocerías únicas, sólo se espera a que pronto salga la Ley.
Frente a ello lo que parece definido es que será la Corte Constitucional la que termine ajustando y dando verdadera viabilidad jurídica, institucional e histórica al instituto. De nuevo, entonces, será la Corporación la que, como en otras materias, dé verdadero alcance y perspectiva a la norma. De manera que ya es tradicional que el Congreso sea apenas un filtro y que sea la Corte la que termine legislando de verdad
CMI
SE ABRE CONTROVERSIA POR ADOPCIÓN PARA PAREJAS DEL MISMO SEXO
Posiciones encontradas ha generado el tema de la adopción para parejas del mismo sexo, posibilidad que estudia la Corte Constitucional al analizar una tutela presentada por dos mujeres que desde hace varios años viven en pareja y tienen dos hijos concebidos mediante inseminación artificial.
El tema que se discutirá este miércoles en el Alto Tribunal ha generado diversas reacciones a favor y en contra. Ya en el pasado había sido estudiado con un resultado 5 a 4 en contra de la adopción.
En ese momento quienes estuvieron de acuerdo fueron los hoy ex - magistrados Eduardo Montealegre, Manuel José Cepera, Jaime Córdoba Triviño y Jaime Araujo.
El ex presidente de la Corte Constitucional, Manuel Cepeda, aseguró que permitir la adopción de parejas homosexuales es una manera de proteger a los menores de edad.
“Todas las opiniones son respetables pero creo que prohibir que las parejas del mismo sexo adopten implica desproteger a los menores y no tratar a las parejas del mismo sexo como sujetos igualmente dignos”, indicó el ex - magistrado .
Por su parte, el también ex - presidente de esa Corporación, Eduardo Montealegre, sostuvo que se debe diferenciar entre matrimonio y conformación de una familia que en la mayoría de los casos es mal interpretado.
“La Constitución prohíbe el matrimonio gay, pero no la conformación de una familia entre parejas del mismo sexo, sobre eso la carta política no se pronuncia pero deja la puerta abierta porque no es claro”, indica Montealegre.
CARACOL RADIO
PROCURADOR PIDE TUMBAR LA SEGUNDA EMERGENCIA SOCIAL, ECONÓMICA Y ECOLÓGICA
El procurador le pidió a la Corte Constitucional tumbar el nuevo decreto que mantiene la emergencia social, económica y ecológica para afrontar la emergencia suscitada por las intensas lluvias del año pasado.
El Ministerio Público, en un concepto, señala que si se consideraba que el tiempo de vigencia del estado de emergencia era insuficiente para tomar todas las medidas necesarias para afrontar la crisis, lo que correspondía hacer, según la Constitución, era disponer su prórroga de manera oportuna, es decir, antes de la medianoche del 5 de enero de 2011 cuando se vencía de la primera emergencia.
Señala la Procuraduría que el 7 de enero de 2011 no era posible prorrogar el estado de emergencia que había terminado el 5 de enero de 2011.
“Los hechos ocurridos en noviembre de 2010, valga decir, antes del 7 de diciembre de 2010, que es el día en el cual se declara el estado de emergencia por medio del Decreto 4580 de 2010, son relevantes para justificar esta declaración, pero no para justificar la segunda declaración que se hace el 7 de enero de 2011, por medio del Decreto 020 de 2011. En este sentido la motivación del decreto bajo examen es, por decirlo menos, inadecuada”, señala la el concepto.
Así mismo señala la Procuraduría que no hay hechos nuevos en la emergencia social y por tanto la convocatoria es inadecuada.
Este concepto será analizado por la Corte Constitucional para tomar una determinación.